Ciberseguridad para el Estado argentino.
Para organismos públicos, municipios y entidades del Estado que necesitan proteger datos ciudadanos, garantizar continuidad de servicios críticos y cumplir con normativa nacional y provincial.
El Estado tiene riesgos que el sector privado no tiene.
Trabajar en ciberseguridad para el sector público implica entender procesos administrativos, plazos no negociables, datos ciudadanos sensibles y un escrutinio público permanente.
Datos ciudadanos
Información personal, fiscal, sanitaria, electoral. Una filtración no es solo un problema operativo: es una crisis institucional.
Servicios críticos
Sistemas que no pueden caer: salud, seguridad, administración tributaria, registros públicos.
Procesos electorales
Plazos legales inamovibles, cero margen de error, escrutinio público. Una disciplina con sus propias reglas.
Cumplimiento normativo
Ley 25.326 de Protección de Datos, normativa sectorial, requisitos de auditoría.
Servicios diseñados para la administración pública.
Auditorías de cumplimiento
Evaluación integral del estado de seguridad informática. Identificamos brechas frente a normativa.
Protección de datos ciudadanos
Implementación de controles para proteger información personal, sanitaria, tributaria y electoral.
Soporte para procesos electorales
Auditoría de infraestructura, hardening, monitoreo en tiempo real durante el proceso, reporte post-electoral.
Capacitación a empleados públicos
Programas adaptados a las realidades del sector. Práctica, no teórica.
Hardening de infraestructura
Reforzamos servidores, redes y aplicaciones críticas para minimizar superficie de ataque.
Plan de continuidad operativa
Diseño y prueba de planes para garantizar continuidad de los servicios esenciales.
Coordinemos una reunión institucional.
Trabajamos con procesos de contratación pública. Podemos presentar propuestas técnicas formales según el formato que requiera tu organismo.